La reciente decisión del Tribunal de L’Aquila, emitida el martes 22 de julio de 2025, marca un momento crucial en el debate sobre la ciudadanía italiana, especialmente tras las restricciones impuestas por el Decreto-Ley n.° 36/2025 (conocido como Decreto Tajani) y su posterior conversión en la Ley n.° 74/2025. Para comprender su verdadero alcance y su posible influencia en el futuro de la legislación, es fundamental analizarla con una perspectiva realista.
El Fallo del Tribunal de L’Aquila: Detalles y Fundamentos
El Tribunal de L’Aquila, bajo la dirección de la jueza Elvira Buzzelli, reconoció la ciudadanía iure sanguinis a 31 ítalo-brasileños, incluyendo 11 menores de edad. Este fallo es particularmente significativo porque contradice directamente una de las premisas fundamentales del Decreto Tajani: la noción de que la posesión de otra ciudadanía (en este caso, la brasileña) podría ser un impedimento para el reconocimiento de la ciudadanía italiana.
La jueza Buzzelli basó su decisión en principios jurídicos arraigados, enfatizando que «El estatus de ciudadano, una vez adquirido por descendencia, nacimiento o naturalización, produce efectos permanentes para toda la vida del individuo y puede perderse solo voluntariamente, mediante renuncia expresa o tácita». Además, la sentencia recordó que la jurisprudencia italiana, incluso antes de la Ley n.º 555/1912, ya contemplaba la posibilidad de la doble ciudadanía, citando fallos históricos de la Corte de Casación de Nápoles (1907) y la Corte de Apelación de Casale (1902).
El abogado Reginaldo Maia, quien representó a los beneficiarios, afirmó que esta sentencia «refuerza lo que todos hemos reiterado: el derecho a la ciudadanía italiana no puede ser moldeado por expedientes políticos». Esta declaración subraya la percepción de que la nueva ley busca limitar un derecho inherente por razones de conveniencia administrativa o política, lo cual es considerado una distorsión del ordenamiento constitucional.
El Peso de la Decisión: ¿Sentará Jurisprudencia?
Desde una perspectiva legal estricta, una decisión de un tribunal de primera instancia como el de L’Aquila no establece un precedente vinculante para otros tribunales en Italia. A diferencia de los fallos de la Corte de Casación (el tribunal supremo para la interpretación de la ley) o la Corte Constitucional (el máximo intérprete de la Constitución), las sentencias de los tribunales inferiores solo son obligatorias para las partes involucradas en ese caso específico.
No obstante, el peso de esta decisión es considerable por varias razones:
- Indicador de Dissentimiento Judicial: El fallo de L’Aquila es una señal clara de que una parte del poder judicial italiano está dispuesta a desafiar la aplicación de la Ley 74/2025. Demuestra que los jueces están interpretando la nueva normativa de forma restrictiva o, incluso, priorizando principios constitucionales superiores sobre las disposiciones del decreto.
- Refuerzo de Argumentos Constitucionales: La argumentación de la jueza Buzzelli, que subraya la naturaleza «permanente e imprescriptible» de la ciudadanía y la legitimidad de la doble nacionalidad, se alinea directamente con los motivos de inconstitucionalidad que ya han sido presentados ante la Corte Constitucional por otros tribunales. Este fallo añade una voz más, con argumentos sólidos, a la creciente oposición judicial.
- Ejemplo Tangible de Éxito: Para los solicitantes de ciudadanía, esta decisión ofrece un ejemplo concreto de que la vía judicial puede ser efectiva para eludir las restricciones de la nueva ley. Proporciona esperanza y un modelo de litigio exitoso, lo que podría alentar a más personas a emprender acciones legales.
¿El Origen de una Posible Anulación de la Ley 74/2025?
La decisión del Tribunal de L’Aquila, por sí misma, no anulará la Ley 74/2025. La única entidad con la autoridad para declarar una ley inconstitucional y, por lo tanto, anularla (total o parcialmente), es la Corte Constitucional italiana.
Sin embargo, el fallo de L’Aquila es un componente importante en el camino hacia una posible anulación por las siguientes razones:
- Alineación con los Desafíos en Curso: La base legal de la sentencia de L’Aquila (la defensa del ius sanguinis como derecho inherente y la crítica a la retroactividad y la discriminación por doble ciudadanía) es la misma que sustenta los recursos de inconstitucionalidad ya presentados ante la Corte Constitucional. Cada vez que un tribunal inferior emite una sentencia que contradice la nueva ley con argumentos constitucionales sólidos, refuerza la posición de quienes buscan su anulación.
- Presión sobre la Corte Constitucional: La acumulación de decisiones judiciales que cuestionan la constitucionalidad de la Ley 74/2025, sumada a la audiencia pública ya celebrada el 24 de junio de 2025 ante la Corte Constitucional, ejerce una presión considerable sobre el máximo tribunal para que se pronuncie de manera definitiva. La Corte Constitucional está obligada a considerar los argumentos de inconstitucionalidad planteados por los tribunales inferiores.
- Defensa del «Patrimonio Irretrattabile»: La insistencia de la jueza de L’Aquila en que la ciudadanía es un «derecho subjetivo, permanente e imprescriptible» resuena con el Artículo 22 de la Constitución italiana, que prohíbe la privación de la ciudadanía por «motivos políticos», y con la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional que la califica como parte del «patrimonio irretratatable de la persona humana». Si la Corte Constitucional comparte esta interpretación, la Ley 74/2025 podría ser declarada inconstitucional.
Conclusión Realista
La decisión del Tribunal de L’Aquila es una victoria importante para los 31 ítalo-brasileños involucrados y un fuerte mensaje de resistencia judicial contra la Ley 74/2025. No es una sentencia que anule la ley por sí misma, ni sienta un precedente vinculante para todos los tribunales. Sin embargo, su valor radica en que refuerza significativamente los argumentos de inconstitucionalidad que ya están siendo evaluados por la Corte Constitucional.
Es un indicio claro de que la nueva ley enfrenta una oposición judicial considerable y que su validez a largo plazo es precaria. La decisión de la Corte Constitucional, esperada en los próximos meses, será la que finalmente determine el futuro de la Ley 74/2025 y, con ello, el de la ciudadanía italiana por descendencia para millones de personas en todo el mundo. Mientras tanto, la vía judicial sigue siendo una opción estratégica y viable para muchos solicitantes, especialmente para los casos de «Via Materna», que no se ven afectados por las nuevas restricciones.