Estaba en trámite antes del 27 de marzo cuando todo cambió, ¿qué hago?

La fecha clave: 27 de marzo de 2025 y su significado

El Decreto Ley 36/2025 fue publicado en la Gaceta Oficial el 28 de marzo de 2025 y entró en vigor al día siguiente, el 29 de marzo de 2025. Sin embargo, la fecha límite crucial para la aplicación de la normativa anterior es el 27 de marzo de 2025, a las 23:59 (hora de Roma).

Las excepciones que permiten que un caso sea evaluado bajo la legislación previa al Decreto Ley 36/2025 incluyen:

• Haber presentado una solicitud de reconocimiento de la ciudadanía italiana, acompañada de la documentación necesaria, antes de esta fecha.⁷
• Tener una cita programada formalmente antes de esta fecha.⁷
• Haber interpuesto un recurso judicial ante un Tribunal italiano antes de esta fecha.⁷

III. Escenarios Específicos para Solicitantes en el Extranjero: ¿Qué Significa para Su Caso?

A. Si Presentó Documentos Administrativos Antes del 27 de Marzo de 2025

Si la solicitud de ciudadanía italiana fue formalmente presentada, con toda la documentación necesaria, ante un consulado o comune italiano antes de las 23:59 (hora de Roma) del 27 de marzo de 2025, el caso del solicitante será evaluado bajo la ley vigente antes del Decreto Ley 36/2025.⁷

Para asegurar que la solicitud sea procesada correctamente, es fundamental verificar que la presentación fue «formal», lo que implica contar con un acuse de recibo o algún comprobante de la presentación.⁹ La documentación debe haber estado completa y en regla al momento de la presentación, ya que la ausencia de certificados de estado civil originales, debidamente legalizados y traducidos al italiano, es una causa frecuente de rechazo. Es crucial mantener una comunicación activa con el consulado o comune para atender cualquier solicitud de información adicional. Los consulados pueden requerir información complementaria para la calificación de la solicitud ¹⁹, y el plazo para responder a estas solicitudes suele ser perentorio (por ejemplo, 10 días), siendo la falta de respuesta una causa de archivo de la práctica. Si se recibe un «preaviso de rigetto» (aviso de denegación), se dispone de un plazo para presentar observaciones y documentos adicionales para superar los motivos de objeción.

B. Si Tenía una Cita Programada Antes del 27 de Marzo de 2025

Si un solicitante tenía una cita formalmente programada antes de las 23:59 (hora de Roma) del 27 de marzo de 2025, su solicitud de ciudadanía se procesará bajo la normativa anterior.⁷

La importancia de conservar el comprobante de la cita es crítica, ya que sirve como prueba irrefutable de que el trámite se inició bajo las reglas previas.¹⁵ Es indispensable preparar meticulosamente toda la documentación necesaria, asegurándose de que esté completa, sea original, esté debidamente legalizada (apostillada, si aplica) y cuente con traducción jurada al italiano. Es fundamental asistir a la cita con toda la documentación. La incomparecencia, salvo casos de fuerza mayor, o la presentación de documentación defectuosa o incompleta, puede resultar en la consideración del solicitante como desistido del procedimiento o en una denegación.

C. Si Había Iniciado un Proceso Judicial Antes del 27 de Marzo de 2025

En el caso de haber interpuesto un recurso judicial ante un tribunal italiano antes de las 23:59 (hora de Roma) del 27 de marzo de 2025, el proceso se regirá por la legislación previa al Decreto Ley 36/2025.⁷

Se recomienda mantener una comunicación constante y fluida con el abogado en Italia para seguir el progreso del caso y estar al tanto de cualquier desarrollo o requerimiento del tribunal. Es esencial proporcionar de inmediato cualquier documentación adicional que el tribunal o el abogado puedan solicitar. Aunque la nueva ley restringe la prueba testimonial y el juramento en futuras controversias, el caso se rige por la ley anterior.¹ A pesar de las nuevas limitaciones probatorias para casos futuros, los tribunales italianos han defendido históricamente el derecho a la tutela judicial en materia de ciudadanía (Artículo 113 de la Constitución), lo que refuerza la solidez de los procesos iniciados bajo la ley anterior.

D. Si No Había Iniciado Ningún Trámite o lo Hizo Después del 27 de Marzo de 2025

Para aquellos que no habían iniciado ningún trámite o lo hicieron después del 27 de marzo de 2025, la adquisición automática de la ciudadanía ius sanguinis para nacidos en el extranjero con otra ciudadanía ya no es la norma.⁷ El reconocimiento ahora depende del cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones ⁷:

• Un progenitor (incluso adoptivo) o un abuelo que poseía, o poseía al momento de su fallecimiento, exclusivamente la ciudadanía italiana.¹¹
• Un progenitor italiano que haya residido legal y continuamente en Italia por al menos dos años después de haber adquirido la ciudadanía italiana y antes de la fecha de nacimiento (o adopción) del solicitante.¹¹
• Un ascendente ciudadano italiano de primer grado de los padres o adoptantes haya nacido en Italia.⁷

Los bisnietos y generaciones posteriores quedan excluidos del reconocimiento automático por ius sanguinis.¹² Para estas generaciones, se abre una vía de naturalización discrecional con requisitos estrictos: ser ciudadano de un país con emigración histórica italiana (a definir por decreto interministerial), acreditar vínculo con un antepasado italiano, residir legal y continuamente en Italia durante al menos 10 años, aprobar un examen de italiano nivel B1, y demostrar integración social y laboral.¹²

Una disposición notable de la Ley 74/2025 es la introducción de una vía preferencial para ciudadanos extranjeros de origen italiano que deseen mudarse a Italia por trabajo, eximiéndolos de los límites del «decreto flussi» (cuotas migratorias).⁷ Esta medida facilita la residencia legal en Italia, un requisito indispensable para la naturalización. Esta aparente contradicción, donde una ley que restringe el ius sanguinis simultáneamente ofrece un permiso de trabajo preferencial para descendientes, se entiende como una herramienta estratégica. Al vincular este permiso con los nuevos requisitos de naturalización que enfatizan la residencia legal en Italia ¹², el gobierno facilita una vía legal para que los descendientes establezcan la residencia continua necesaria (por ejemplo, 2 años para hijos/nietos, 10 años para bisnietos) y eventualmente soliciten la ciudadanía a través de la naturalización. Esto sugiere una estrategia gubernamental deliberada: en lugar de cortar completamente los lazos con la diáspora, se incentiva la reubicación y la integración activa dentro de Italia para aquellos que aún desean obtener la ciudadanía. El permiso de trabajo actúa como un puente, permitiendo a los descendientes construir el «vínculo efectivo» no solo a través de la ascendencia, sino también a través de la presencia física, la contribución a la economía italiana y la integración social. Esto implica un cambio en la política, de un reconocimiento pasivo de los lazos ancestrales a un requisito activo de integración física y social dentro de Italia como condición previa para la ciudadanía para muchos futuros solicitantes.

La nueva ley, al exigir un «vínculo efectivo» y excluir explícitamente a bisnietos y generaciones posteriores del reconocimiento automático por ius sanguinis ¹², altera fundamentalmente el camino para muchos descendientes. En lugar de un derecho automático, estos individuos ahora son dirigidos hacia procesos de naturalización que imponen requisitos significativos, como una residencia prolongada en Italia (10 años para bisnietos) y una integración demostrable (por ejemplo, dominio del italiano nivel B1, integración social y laboral).¹² Esto transforma la adquisición de la ciudadanía de un derecho inherente basado en la ascendencia a una concesión discrecional basada en la conexión y contribución activas. Esto crea un sistema marcadamente diferenciado: uno para aquellos que tuvieron la fortuna de cumplir con la fecha límite del 27 de marzo o que caen dentro de las muy limitadas nuevas excepciones, y otro, mucho más arduo, para todos los demás. Efectivamente, prioriza la conexión actual y activa con Italia sobre el linaje histórico para futuros solicitantes. Esto podría resultar en una disminución significativa de nuevos reconocimientos de ciudadanía desde el extranjero, particularmente de países con grandes diásporas multigeneracionales. También plantea interrogantes sobre la relación a largo plazo entre Italia y su diáspora global, lo que podría alienar a aquellos que no pueden o no desean trasladarse a Italia por una década para asegurar la ciudadanía.

A continuación, se presenta una tabla que resume los escenarios de solicitud de ciudadanía «Iure Sanguinis» y su tratamiento legal, tanto antes como después del 27 de marzo de 2025:

Tabla 1: Escenarios de Solicitud de Ciudadanía «Iure Sanguinis» y su Tratamiento Legal (Antes y Después del 27 de Marzo de 2025)

IV. Estrategias y Recomendaciones para la Interacción Consular

Cómo preparar y presentar su caso en el consulado, según su escenario

La preparación de la documentación es un pilar fundamental para cualquier solicitud de ciudadanía. Es imperativo recopilar todos los documentos de estado civil (nacimiento, matrimonio, defunción, certificados de no naturalización) que conformen la línea de ascendencia italiana, desde el ancestro italiano hasta el solicitante. Cada documento debe estar debidamente legalizado (apostillado, si aplica) y traducido al italiano por un traductor jurado. Las oficinas consulares son rigurosas en la verificación de la completitud y la corrección de la documentación.

La organización y claridad del expediente son cruciales. Los documentos deben presentarse de forma ordenada y cronológica para facilitar la revisión por parte del funcionario consular. Además, es esencial que el solicitante tenga un conocimiento profundo de su árbol genealógico, las fechas clave y los eventos que sustentan su derecho a la ciudadanía, preparándose para responder preguntas detalladas sobre su linaje.

Para los casos que se encuentran salvaguardados por la normativa anterior (es decir, aquellos trámites iniciados antes del 27 de marzo de 2025), la estrategia debe centrarse en enfatizar que la solicitud se enmarca dentro de las disposiciones transitorias de la nueva ley. Se debe presentar el comprobante de la fecha de presentación de la solicitud administrativa o de la cita programada como prueba irrefutable de que el caso debe ser evaluado bajo la normativa anterior.¹⁵ Es importante reiterar que el derecho se consolidó antes de la entrada en vigor de las nuevas restricciones.

Qué información es crucial comunicar y cómo defender su caso

La interacción con el personal consular requiere una comunicación clara, concisa y respetuosa. Los hechos del caso deben presentarse de manera directa. El argumento principal debe basarse en cómo el caso cumple con los requisitos de la ley aplicable. Para los casos anteriores al 27 de marzo de 2025, esto significa la Ley 91/1992 en su versión original. Para los casos posteriores, implica el cumplimiento de las nuevas y específicas condiciones del Decreto Ley 36/2025 (Ley 74/2025).

Es fundamental estar preparado para posibles objeciones o dudas por parte del consulado sobre la documentación o la elegibilidad. La capacidad de refutar estas objeciones con base en la evidencia documental y el conocimiento de la ley es crucial. En situaciones de demoras excesivas en el procesamiento de la solicitud administrativa (históricamente, más de 730 días para solicitudes de ciudadanía), se puede argumentar la inercia de la administración. La jurisprudencia italiana ha reconocido que la falta de respuesta dentro de los plazos legales puede ser un fundamento para recurrir a la vía judicial.

La estricta postura de las oficinas consulares respecto a la documentación y la importancia crítica de la presentación formal o la programación de citas antes de la fecha límite del 27 de marzo de 2025 ⁴ subrayan la necesidad de una comunicación estratégica. Para los solicitantes cuyos casos están protegidos por la ley anterior, la clave no es simplemente presentar documentos, sino enfatizar estratégicamente y proporcionar pruebas innegables de su acción previa (por ejemplo, una confirmación de cita fechada). Para los nuevos solicitantes, la estrategia cambia a demostrar proactivamente cómo cumplen las nuevas y más estrictas condiciones, como la «ciudadanía exclusiva» de un ancestro o el requisito de residencia parental.⁴ Esto implica que las interacciones consulares han trascendido de un mero proceso burocrático a un compromiso más complejo, casi contencioso, donde los solicitantes deben «defender su caso». Esto exige una comprensión sofisticada de los nuevos matices legales y las disposiciones transitorias, aumentando significativamente la complejidad de la autorrepresentación. Esto subraya el valor crítico de incluso una consulta legal limitada para asegurar que el caso se enmarque y presente de manera óptima, especialmente considerando las limitaciones de recursos de los solicitantes.

Manejo de posibles denegaciones o solicitudes de información adicional

Si el consulado notifica un «preaviso de rigetto» (aviso de denegación), el solicitante dispone de un plazo perentorio (por ejemplo, 10 días,) para presentar observaciones por escrito y documentos adicionales que puedan superar los motivos de objeción. Es crucial responder dentro de este plazo establecido. En caso de una denegación formal de la solicitud, el consulado está obligado a motivar su decisión y a indicar los recursos disponibles, el órgano administrativo o judicial ante el cual deben presentarse y el plazo para interponerlos. Ante una denegación, es fundamental buscar asesoramiento legal especializado. Un abogado podrá evaluar la viabilidad de un recurso ante el Tribunal italiano ordinario competente. Es importante destacar que el recurso ante el Tribunal ordinario es posible «sin límites de tiempo» en caso de denegación.

Recursos de apoyo y asociaciones (COMITES, CGIE, Patronatos)

Para los italianos en el extranjero, existen organismos representativos como los COMITES (Comitati degli Italiani all’Estero) y el CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero). El CGIE funciona como un órgano consultivo para el gobierno en asuntos de interés para las comunidades italianas en el exterior, mientras que los COMITES son órganos de representación ante las representaciones diplomático-consulares.²⁰ Si bien estos organismos no tramitan directamente solicitudes de ciudadanía, pueden ofrecer orientación general, apoyo y, en algunos casos, intermediar o elevar quejas sobre el funcionamiento consular.²⁰ El CGIE, en particular, ha manifestado su preocupación por el impacto del Decreto Ley 36/2025.²⁶

Los Patronatos, como INCA CGIL ²⁷ o INAC ²⁸, son organizaciones que ofrecen asistencia gratuita (o con un pequeño aporte en algunos casos) a ciudadanos italianos y extranjeros en diversas gestiones administrativas y de seguridad social. Sus servicios incluyen asistencia en procedimientos de inmigración y pueden ayudar en la preparación de recursos administrativos y judiciales.²⁷ Estas organizaciones constituyen un recurso invaluable para quienes carecen de recursos para contratar abogados privados. Además, existen diversas organizaciones no lucrativas (ONGs) en Italia y en el extranjero dedicadas a la tutela de derechos y la promoción de la ciudadanía. Algunas de ellas pueden ofrecer asistencia legal o social a migrantes y personas de origen italiano.²⁹ Se recomienda investigar cuáles operan en el área del solicitante y su enfoque específico.

La mención explícita de la falta de recursos para procesos judiciales subraya la importancia de los Patronatos (como INCA e INAC) como entidades clave que ofrecen asistencia gratuita o de bajo costo para diversas cuestiones de inmigración y seguridad social, incluyendo recursos administrativos y judiciales.²⁷ Además, los COMITES y el CGIE, aunque no procesan directamente las solicitudes, desempeñan un papel vital en la representación de los intereses de los italianos en el extranjero y pueden proporcionar orientación general o escalar problemas a las autoridades superiores.²⁰ Estas organizaciones se convierten en intermediarios críticos para las personas que no pueden permitirse un asesoramiento legal privado. Pueden ayudar a navegar el complejo panorama burocrático, asistir con la preparación de documentos y, potencialmente, ofrecer asesoramiento legal inicial o dirigir a los solicitantes a servicios pro bono. Esto destaca que, si bien la nueva ley hace que la adquisición de la ciudadanía sea más desafiante, la red de apoyo existente para la diáspora italiana será aún más vital para garantizar el acceso a la justicia y la información para los solicitantes en situación de vulnerabilidad. Su defensa colectiva contra las percibidas injusticias de la nueva ley ²⁶ también proporciona una voz colectiva crucial para las personas afectadas, lo que podría influir en futuras interpretaciones legales o enmiendas.

Cómo Defender su Derecho a la Ciudadanía Italiana ante el Consulado (Citas Reprogramadas)

Es crucial aclarar que, según la propia Ley 74/2025 (que convirtió el Decreto-Ley 36/2025), los consulados no tienen la potestad de anular el derecho a que un caso sea evaluado bajo la normativa anterior si la cita fue asignada formalmente antes del 27 de marzo de 2025, incluso si la fecha de la cita se reprogramó para después de esa fecha.

La ley es explícita al proteger las solicitudes y citas que ya estaban en curso. El Artículo 3-bis, en sus letras a) y a-bis), establece claramente que se considera que la ciudadanía italiana ha sido adquirida si el estatus de ciudadano ha sido reconocido «a raíz de una solicitud presentada con la documentación necesaria ante la oficina consular o el alcalde competente» o si el solicitante tenía un «turno formalmente asignado» antes de las 23:59 (hora de Roma) del 27 de marzo de 2025.¹

De hecho, la normativa indica específicamente que si se tenía un turno consular confirmado antes del 27 de marzo de 2025, pero asignado a una fecha posterior, se tiene el derecho a que el trámite sea tratado bajo la normativa anterior, siempre y cuando se asista a la cita programada con la documentación adecuada.² Esto significa que la fecha que importa es la de la asignación original de la cita, no la de su realización o una posterior reprogramación.

Por lo tanto, la acción de los consulados de indicar que se deben regir por la nueva ley en estos casos de reprogramación no es correcta y contradice las disposiciones transitorias de la Ley 74/2025.

V. Consideraciones Legales y Desafíos Constitucionales

Breve mención de las críticas y posibles impugnaciones a la nueva ley

La reforma ha suscitado críticas significativas por parte de asociaciones y representantes de italianos en el extranjero, quienes la consideran discriminatoria y perjudicial para los derechos adquiridos por descendencia.⁷ Expertos legales y juristas están impugnando activamente la Ley 74/2025 por inconstitucionalidad. Las principales objeciones se centran en la violación del principio de igualdad (Artículo 3 de la Constitución italiana) y el derecho a la tutela judicial (Artículo 24 de la Constitución), así como la naturaleza retroactiva de la norma, que afecta derechos que se consideraban consolidados al nacer.¹³

La ambigüedad y la falta de parámetros objetivos para definir el «vínculo efectivo» con la comunidad nacional son una fuente previsible de disputas y recursos legales, ya que otorgan una discrecionalidad excesiva a la administración.² Se anticipa un aumento considerable del contencioso, tanto en sede administrativa como constitucional, lo que podría generar un largo período de incertidumbre legal.² Numerosos fragmentos de información resaltan las sólidas objeciones legales a la nueva ley, citando violaciones de principios constitucionales fundamentales como la igualdad (Artículo 3) y el derecho a la tutela judicial (Artículo 24), así como preocupaciones sobre la retroactividad.⁴ Esto indica que el fundamento legal de la ley no es universalmente aceptado como sólido y está siendo activamente desafiado por destacados profesionales del derecho y asociaciones. La «disparidad de trato» creada al vincular la aplicación de las nuevas reglas a una fecha límite procedimental (27 de marzo de 2025) es un punto central de controversia, lo que sugiere una posible distinción arbitraria entre individuos en posiciones sustancialmente idénticas. Esto implica que el panorama legal en torno a la ciudadanía italiana es muy fluido y está sujeto a la interpretación judicial en curso y a posibles ajustes legislativos. Si bien la ley está actualmente en vigor, su validez constitucional a largo plazo es incierta. Para los solicitantes, esto significa que, incluso si su caso cae bajo las nuevas y más estrictas reglas, podría haber futuras vías legales (por ejemplo, acciones colectivas, apelaciones individuales basadas en argumentos constitucionales) que podrían potencialmente anular o modificar las restricciones actuales. Esto hace necesario mantenerse informado sobre los desarrollos legales y considerar la acción judicial como una estrategia a largo plazo, incluso si los recursos financieros inmediatos para un litigio completo son limitados.

La importancia de buscar asesoramiento legal especializado, incluso con recursos limitados

Dada la complejidad de la nueva normativa, las múltiples interpretaciones y las controversias legales en curso, la consulta con un abogado especializado en derecho migratorio y ciudadanía italiana es crucial para comprender la situación específica del solicitante y las mejores vías de acción. Aunque la falta de recursos es una preocupación, es importante destacar que muchos estudios legales ofrecen «evaluaciones de la documentación» o «consultas iniciales» que pueden ser de bajo costo o, en algunos casos, gratuitas. Los patronatos y algunas ONGs especializadas pueden ofrecer asistencia legal gratuita o asequible, lo que representa una opción vital para quienes tienen recursos limitados.²⁷ La posibilidad de un «ricorso straordinario al Presidente della Repubblica» (recurso extraordinario al Presidente de la República) es una alternativa administrativa que se describe como «rápida y económica» para impugnar actos administrativos. Aunque las posibilidades de éxito general pueden ser bajas, puede ser una vía a considerar para casos que presenten «injusticias o irregularidades evidentes».

La preocupación por la falta de recursos para iniciar procesos judiciales subraya la importancia de explorar todas las vías de acceso a la justicia. Por un lado, la ley, al limitar las pruebas y trasladar la carga de la prueba al solicitante ¹, hace que los litigios sean más onerosos. Por otro lado, la existencia de recursos administrativos como el «ricorso straordinario al Presidente della Repubblica», que se presenta como una opción «rápida y económica», ofrece una alternativa para contestar actos administrativos sin incurrir en los altos costos de un proceso judicial completo. Si bien la tasa de éxito de estos recursos extraordinarios puede ser baja en general, su existencia es relevante para casos con «injusticias o irregularidades evidentes». Esta dualidad en el sistema legal italiano, con vías judiciales más restrictivas y vías administrativas potencialmente más accesibles, permite a los solicitantes con recursos limitados buscar alguna forma de reparación o revisión. Esto destaca la necesidad de una evaluación cuidadosa de cada caso individual para determinar la estrategia más viable, equilibrando la probabilidad de éxito con los recursos disponibles.

Conclusiones

La entrada en vigor del Decreto Ley 36/2025, convertido en Ley 74/2025, marca un punto de inflexión en la legislación italiana sobre ciudadanía jure sanguinis. La reforma representa un cambio fundamental del principio de transmisión automática de la ciudadanía por descendencia a un modelo que exige un «vínculo efectivo y actual» con la comunidad nacional. Este cambio, impulsado por la necesidad de gestionar una creciente carga administrativa, introduce nuevas y más estrictas condiciones para el reconocimiento de la ciudadanía, particularmente para aquellos nacidos en el extranjero con doble nacionalidad.

La fecha límite del 27 de marzo de 2025 es crucial, ya que los trámites iniciados (solicitudes administrativas, citas programadas o procesos judiciales) antes de esta fecha se rigen por la normativa anterior, más favorable. Para quienes no cumplen con esta salvaguardia, las nuevas condiciones incluyen la exclusividad de la ciudadanía italiana de un progenitor o abuelo, o la residencia prolongada de un progenitor italiano en Italia antes del nacimiento del solicitante. Además, la ley limita la transmisión automática a hijos y nietos, dirigiendo a las generaciones posteriores hacia procesos de naturalización por residencia, que implican requisitos significativos de permanencia e integración en Italia.

Las implicaciones de esta reforma son profundas, generando disparidades de trato y una considerable incertidumbre legal. La ley ha sido objeto de críticas y desafíos constitucionales, lo que sugiere un período prolongado de litigio y posible evolución jurídica. Para los afectados, especialmente aquellos con recursos limitados, es fundamental comprender su escenario específico y las vías disponibles. Se recomienda encarecidamente buscar asesoramiento legal especializado para evaluar la situación individual y explorar opciones, incluyendo la asistencia de patronatos y organizaciones de apoyo a la diáspora italiana, que pueden ofrecer orientación y ayuda en la navegación de este complejo panorama legal.

Obras citadas

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